La Comisión Europea ha lanzado una advertencia clara al Gobierno de Pedro Sánchez por las políticas de control de rentas incluidas en la Ley de Vivienda de 2023. Según el informe Housing in the European Union: Market Developments, Underlying Drivers, and Policies, Bruselas alerta de que los topes de precios y las medidas de congelación del alquiler pueden tener efectos contraproducentes si no van acompañadas de políticas sólidas que impulsen la oferta de vivienda. Estas limitaciones, aunque bienintencionadas, podrían reducir el número de inmuebles disponibles, desincentivar a los propietarios e incluso generar mercados paralelos que agraven la escasez de vivienda asequible.

En el caso de España, la situación es especialmente delicada. El país cuenta con uno de los parques de vivienda social más bajos de la OCDE, apenas un 1,1 % del total, y los precios del alquiler han crecido de manera vertiginosa en regiones como Madrid o Baleares, donde se han encarecido hasta un 50 % desde 2014, según datos de BBVA Research. Esta presión ha generado un grave problema de acceso para las familias y, sobre todo, para los jóvenes, que ven cada vez más difícil independizarse.

La Ley de Vivienda de 2023 permite que las comunidades autónomas puedan limitar los precios del alquiler en zonas “tensionadas”, pero la aplicación es voluntaria y, hasta el momento, solo Cataluña ha optado por ponerla en marcha. Los resultados, según los últimos análisis, han sido mixtos: los alquileres han bajado en torno a un 5 % en las áreas reguladas, pero al mismo tiempo se ha reducido la oferta de nuevos contratos de larga duración en un 17 %, lo que indica que muchos propietarios prefieren retirar sus viviendas del mercado o recurrir a contratos temporales para esquivar las limitaciones.

Esta dinámica está teniendo un impacto directo sobre la emancipación juvenil. En España, el 46 % de los jóvenes de entre 25 y 34 años sigue viviendo con sus padres, frente a cifras mucho menores en la mayoría de países europeos. Según datos recientes, la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años, casi cuatro más que la media europea. El problema es estructural: los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios del alquiler, y los subsidios como el bono joven de 250 € mensuales apenas alivian la carga, ya que pueden acabar ejerciendo presión al alza sobre los precios si no se acompasan con una mayor oferta de vivienda.

Los expertos coinciden con Bruselas en que limitar los precios sin aumentar el número de viviendas disponibles puede generar un efecto perverso. El control de rentas, aplicado sin medidas complementarias, tiende a reducir la inversión en vivienda y a frenar la construcción de nuevos inmuebles, especialmente en zonas con alta demanda como Barcelona, Madrid o Valencia. Además, algunos propietarios dejan de invertir en el mantenimiento de sus pisos o optan por destinarlos al alquiler turístico, donde no existen las mismas restricciones, lo que agrava aún más la falta de vivienda para uso residencial.

Frente a este panorama, la solución pasa por políticas que equilibren la protección del inquilino con el estímulo al propietario. Bruselas aboga por fomentar la colaboración público-privada, ampliar el parque de vivienda social y facilitar la rehabilitación de edificios para destinarlos al alquiler asequible. En España, el Gobierno ya ha anunciado que destinará fondos europeos para acelerar la construcción industrializada de vivienda social, un modelo más rápido y sostenible que puede contribuir a aliviar la escasez actual. Sin embargo, estos proyectos aún tardarán tiempo en materializarse y la urgencia del mercado requiere respuestas inmediatas.

En ciudades como Barcelona, donde la demanda de alquiler es altísima, la intervención directa en los precios podría tener el efecto contrario al esperado si no se combina con incentivos a los propietarios y con políticas urbanísticas que faciliten la creación de nueva vivienda. Los controles, por sí solos, no resolverán el problema estructural de acceso, y así lo ha dejado claro Bruselas, que insiste en que las soluciones deben centrarse en reforzar la oferta, mejorar la eficiencia del parque existente y garantizar la estabilidad jurídica del mercado.

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(Fuente: Idealista/News)