Tensiones legales y fiscales frenan la inversión residencial en España

Los principales fondos y tenedores institucionales de vivienda en España han alzado la voz ante la Comisión Europea. A través de la asociación Asval, que agrupa a más de 6.000 propietarios grandes y pequeños, se ha remitido una carta urgente reclamando mayor seguridad jurídica y un marco regulatorio estable que favorezca la inversión en vivienda asequible. Esta acción llega justo antes del lanzamiento del nuevo Plan Europeo de Vivienda Asequible previsto para 2026.

Cataluña, epicentro de la regulación

El detonante de esta situación ha sido la creciente intervención del Gobierno en el mercado residencial, especialmente a raíz de la Ley de Vivienda de 2023. Esta normativa permite a las comunidades autónomas establecer topes al alquiler en zonas tensionadas, una medida ya aplicada en Cataluña. Además, se ha prohibido a la Sareb vender activos inmobiliarios a fondos privados, fomentando su cesión al parque público de vivienda.

Estas decisiones, aunque orientadas a ampliar el acceso a la vivienda, han generado un efecto desincentivador en los grandes inversores, que ahora consideran que el entorno legal y fiscal en España carece de previsibilidad y seguridad para realizar inversiones a medio y largo plazo.

La propiedad privada, en el punto de mira

Uno de los puntos más críticos para los fondos de inversión es la aparente desprotección de la propiedad privada. La persistencia de las ocupaciones ilegales, la lentitud de los procesos judiciales para recuperar inmuebles y la falta de alternativas habitacionales por parte de las administraciones han creado un clima de inseguridad jurídica que frena la entrada de capital en el mercado de alquiler.

Desde plataformas respaldadas por fondos como Blackstone, Castlelake o Ares Management, se reclama un fortalecimiento del imperio de la ley, la protección del derecho a la propiedad y la equiparación fiscal entre operadores institucionales y proveedores tradicionales de vivienda.

Propuestas a nivel europeo

Entre las peticiones planteadas a la Comisión Europea, se incluye la armonización del IVA al 4% para la construcción, compra, renovación y alquiler de vivienda asequible, y la exclusión de estas inversiones del cálculo de déficit de los estados. También se propone que se destine al menos un 2% del PIB nacional a proyectos residenciales y que se promuevan formas efectivas de colaboración público-privada.

Estas medidas buscan no solo fomentar la inversión, sino también generar un parque de vivienda asequible suficiente, sostenible y atractivo para los grandes operadores.

Barcelona ante el nuevo escenario inmobiliario

En ciudades como Barcelona, donde la demanda de vivienda asequible supera con creces la oferta disponible, este tipo de debates son especialmente relevantes. La necesidad de equilibrio entre regulación pública y garantías para el capital privado es clave para que el mercado funcione. De ello depende la entrada de nuevos proyectos, la rehabilitación de edificios y la dinamización del parque de alquiler.

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(Fuente: Vozpopuli)